Los Refugios para Mujeres víctimas de violencias, y en su caso sus hijas e hijos, proporcionan alojamiento seguro y confidencial por ser víctimas de violencias extremas, otorgan protección, servicios y recursos que permiten a las mujeres sobreponerse de las violencias machistas y de género. Los Refugios generan condiciones para reconstruir su autoestima y, dar los pasos para restablecer una vida con autodeterminación e independencia.

Las mujeres víctimas de violencias extremas requieren protección y apoyo inmediato, su vida y la de sus hijas e hijos corren peligro. Pensar en que tengan que acudir a una oficina a tramitar apoyo es sencillamente una propuesta fuera de la realidad que vulnera derechos. Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tienen la capacidad de prestar una amplia gama de servicios de protección y apoyo necesarios para acompañar profesionalmente a las sobrevivientes, y quienes se encuentren en riesgo de ser víctimas de feminicidios.

Darle dinero directamente a las mujeres víctimas de violencias no resuelve este problema porque lo que la mujer necesita además de un espacio de protección de máxima seguridad, es una atención integral especializada. Las mujeres necesitan sanar las heridas físicas y emocionales que las violencias han causado en sus vidas, al igual que en sus hijas e hijos, según sea el caso, y para ello, se requiere de atención psicológica, jurídica, social, psicopedagógica, médica, etc. Se trata de un modelo integral que previene feminicidios, atiende los padecimientos físicos y emocionales producto de las violencias vividas, fortalecer la autoestima, fomentar el empoderamiento y el derecho de las mujeres de tomar decisiones informadas por sí mismas.

Los refugios son componentes cruciales en una respuesta integral a las sobrevivientes. Según lo establecido en varios acuerdos internacionales, tales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 que instó a los países a “Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes”.

En la Red Nacional de Refugios, AC (RNR) desde el pasado 22 de febrero, señalamos que la estrategia de dar directamente los recursos a las víctimas es improcedente, pues no contribuye a la atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, ya que una ayuda económica no restaura derechos, no salva vidas, sino destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva.

No se trata solo de dinero sino de la protección de derechos, en el que destacamos el derecho de las mujeres, sus hijas e hijos a vivir libres de violencias y a contar con un espacio que les brinde seguridad, por ello, es importe y urgente dimensionar el impacto que tendría esta errónea medida clientelar en las víctimas de violencias extrema, repercutiendo así en una alta incidencia de feminicidios a corto plazo.

Los mecanismos de participación ciudadana, como somos las OSC, constituimos uno de los ejes internacionales de derechos humanos. Con estas políticas, el gobierno incumple acuerdos internacionales. El más reciente, las Recomendaciones del Comité CEDAW, que claramente establecen la responsabilidad del Estado mexicano en el fortalecimiento de la participación de las organizaciones que hemos hecho un trabajo fundamental en la prevención, atención y sanción a las violencias contra las mujeres.

En los últimos días se han dado diversas declaraciones por parte del Sr. presidente López Obrador y su vocero Jesús Ramírez, que confunden y que dejan en total incertidumbre lo que pasará con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias.

En la Red Nacional de Refugios, AC instamos urgentemente al gobierno federal a rectificar la decisión de darle el dinero directamente a las víctimas de violencias familiar y de género, aspecto que vulnera los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias, que va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia.

Solicitamos de nueva cuenta a las instituciones federales -como lo hicimos mediante la Carta Abierta del pasado 26 de febrero- lo siguiente:

• Un espacio de diálogo para poderle compartir la manera cómo opera un Refugio de una organización civil, queremos que escuche las voces de las mujeres que se encuentran en estos momentos recibiendo los servicios y atenciones integrales – aun cuando no se tiene recurso de la federación durante los 4 primeros meses de cada año-.
• Respetar y ejercer el PEF 2019 etiquetado en el Anexo 13 Ramo 12, Programa Presupuestal S174, Acción Número 448, denominado “Subsidios para Refugios y Centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia” entregando el recurso a los Refugios tanto de OSC como IP como lo marca la Convocatoria Pública 2019 del CNEGySR vigente y ante la cual ya se han presentado diversos proyectos.
• Instalar una mesa de trabajo interinstitucional entre la Secretaria de Salud, Secretaria de Hacienda, Gobernación, INMUJERES, Cámara de diputados, la RNR y OSC expertas en el tema para que, conjunta y corresponsablemente se puedan definir y diferenciar los programas que beneficiarían los apoyos directos a las personas, y los que pondrían en riesgo la vida de miles de mujeres e infantes e incumplirían los artículos 7 y 8 de la Belém Do Para, la Sentencia del campo algodonero en sus recomendaciones al Edo Mexicano. Desde la RNR estamos convencidas de la importancia de articular acciones entre gobierno y sociedad civil en pro de los derechos humanos y los compromisos que el estado mexicano ha asumido en la materia, tal como lo reflejan diversos tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, además de los resultados que las OSC hemos dado. Con base a lo anterior, solicitamos respetuosamente, un espacio en su agenda para poder presentarle personalmente los temas plasmados, seguras de que estas propuestas se transformarán en una política pública afirmativa siendo un paso fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad libre e igualitaria a la que todas y todos aspiramos.

¡El derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias NO se soluciona con la entrega de dinero a la víctima, es un tema de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Salud Pública!

Los Refugios para Mujeres víctimas de violencias, y sus hijas e hijos, proporcionan alojamiento seguro y confidencial para las víctimas de violencias extremas, proporcionando protección, servicios y recursos esenciales que permiten a las mujeres que han sido víctimas de las violencias machistas y de género y, a sus hijos e hijas, sobreponerse, reconstruir su auto- valoración y, poder dar los pasos para restablecer una vida con autodeterminación e independencia.

Las mujeres víctimas de violencias extremas requieren protección y apoyo profesional inmediato porque su vida y la de sus hijas e hijos corren peligro real. Proponer que tengan que acudir a una oficina a tramitar apoyo económico es sencillamente una oferta fuera de la realidad y que además vulnera derechos humanos. Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con las capacidades de proveer una amplia gama de servicios de protección y apoyo necesarios para acompañar profesionalmente a las sobrevivientes, quienes se encuentren en riesgo de ser víctimas de feminicidios.

Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil constituyen un sistema en respuesta a una política pública integral, con un modelo eficaz ya probado desde hace varios años en el país. El sistema involucra la intervención multidisciplinaria atendiendo a las diversas necesidades de las mujeres que han sido abusadas y a sus hijos e hijas: atención psicológica, médica, social, psicopedagógica, legal y capacitación, entre otras y, tanto la atención como el acompañamiento se trabajan bajo el principio de no-revictimización, con el enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género y de interculturalidad.

Se ha comprobado en todas las entidades del país donde existen refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que las mujeres víctimas de las violencias en general no denuncian sus circunstancias y con frecuencia no acuden por ayuda a las instituciones de gobierno por muchas razones, entre ellas, la falta de credibilidad en las instituciones donde se les re- victimiza y no se incide en sus condiciones para que las puedan superar. La presencia de los Refugios y la atención integral profesional especializada que se ofrece en ellos, subsanan algunas de las barreras que existen para que las mujeres reciban auxilio, porque actúan de forma inmediata.

Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil son componentes cruciales en la respuesta integral a las sobrevivientes, según lo establecen en varios acuerdos internacionales, de los cuales México es estado signatario, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995, que instó a los países a “Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes”.

Las declaraciones realizadas el día de ayer al Periódico Reforma de circulación nacional, por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez que a la letra dicen “Los refugios para mujeres, serán entregados (los recursos) a las mujeres mismas, y a través de procesos de nueva relación con quienes han abierto estos espacios en los que el Estado pueda seguir apoyando”, demuestra no solo desconocimiento de los necesarios procesos de apoyo que requieren las mujeres víctimas de violencias, sino que además refleja una llana concepción asistencialista a una complicada problemática que no puede, bajo ningún aspecto, subsanarse con ayuda económica directa pues no solo no restaura derechos, ni salva vidas, sino que destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva que se ha venido construyendo desde la sociedad civil con muchísimo esfuerzo.

Los Refugios son espacios de protección que han demostrado la necesidad de su existencia para las víctimas de violencia extrema. Vivir libre de Violencias es un derecho humano al que deben acceder y ejercer todas las mujeres de este país. Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil trabajan para hacer ese derecho una realidad en México.

En la Red Nacional de Refugios, AC, que formamos parte de los mecanismos de participación ciudadana, desde el pasado 22 de febrero, hemos señalado que la estrategia de dar directamente los recursos a las víctimas es improcedente pues no contribuye a la atención y erradicación de las violencias contra las Mujeres y en todo caso repercutiría en aumentar la incidencia de feminicidios en corto plazo.

También, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, declaró que “Se van a cambiar las reglas de operación, ya no se va a entregar dinero a las organizaciones, pero sí se van a apoyar causas y proyectos”. Eso implica cambiar, desde la legalidad, las bases de una convocatoria pública que está activa y para la cual ya se han presentado proyectos.

Lo anterior contraviene a la Convocatoria en su totalidad, así como específicamente al Numeral XIII, denominado Formalización, donde se hace referencia a “Las OSC e IP cuyos proyectos hayan sido aprobados, como parte de los compromisos que adquirirán conforme a lo establecido en los convenios que al efecto se suscriban, se comprometen a:[….] numeral 3 “Disponer de una cuenta bancaria productiva para el uso exclusivo y manejo de los recursos transferidos, cuyos rendimientos bancarios podrán ser utilizados para los propios fines del proyecto, de conformidad al procedimiento establecido por el CNEGSR; o en su defecto ser reintegrados a la Tesorería de la Federación en apego a la normativa aplicable”

Además, es importante visualizar que las declaraciones del funcionario develan políticas en las que el gobierno incumpliría acuerdos internacionales. La comunidad internacional reconoce el papel central de los refugios en la atención de las violencias de género. “Como defensores de las mujeres, la opinión de los refugios es única dentro de los esfuerzos locales y mundiales para poner fin a la violencia contra ellas. Aunque los refugios pertenecen al sector de servicios sociales, han surgido de un movimiento de mujeres más amplio. Cabe destacar que los esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres están estrechamente vinculados al trabajo de sobrevivientes y defensores que han establecido refugios para mujeres, centros de atención a violaciones, líneas telefónicas de emergencia y grupos vecinales de apoyo” (ONU Mujeres, 2012)

El Comité CEDAW, recientemente en sus recomendaciones establece la responsabilidad del Estado mexicano en el fortalecimiento de la participación de las organizaciones que hemos hecho un trabajo fundamental en la prevención, atención y sanción a las violencias contra las mujeres.

Por lo expuesto, en la Red Nacional de Refugios, AC (RNR) integrada por 41 Refugios y 39 Centros de atención Externa, es decir, 80 espacios de atención y protección especializada instamos urgentemente al gobierno federal a rectificar su decisión porque vulnera los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias, porque va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia, y, como lo hicimos mediante la Carta Abierta enviada al Sr. Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el pasado 26 de febrero, le solicitamos de nueva cuenta y de manera urgente un espacio de diálogo.

Pretendemos poder compartirle cómo operan los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil y que el Sr. Presidente pueda de manera directa escuchar las voces de las mujeres que se encuentran en estos momentos recibiendo la atención integral, aun y cuando no se han recibido los recursos de la federación.

Estamos seguras de que ese espacio de diálogo será una oportunidad para que se puedan identificar los impactos reales de las atenciones y servicios brindados directamente a las propias mujeres sobrevivientes de violencias y, en su caso a sus hijas e hijos y, que el gobierno federal reconozca la importancia del financiamiento a sistemas integrales profesionales de atención y acompañamiento como son los Refugios de las Organizaciones Civiles.

¡Vivir una Vida Libre de Violencias es un Derecho Humano para TODAS las Mujeres! Las mujeres víctimas de violencia extrema deben acceder a la atención de los Refugios. ¡La política pública hacia las víctimas de violencia no debe ser clientelar!

Las violencias contra las mujeres y niñas ha sido un tema recurrente en diversos planes y programas de gobierno, sin embargo, en los hechos la muerte de mujeres es una constante en México, a pesar de los esfuerzos.

Los Refugios surgieron en los 90’s como iniciativa de la Sociedad Civil y de los movimientos de mujeres, siendo la Red Nacional de Refugios (RNR) impulsora de este movimiento, buscando la articulación y colaboración con el gobierno, visibilizando este problema y colocándolo en la agenda pública en México. El reconocimiento y compromiso del Estado Mexicano quedó legitimado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley establece la instalación y mantenimiento de estos refugios como parte de las medidas y acciones del Estado Mexicano para proteger a las víctimas de violencia familiar, surgiendo de ello la convocatoria pública para Refugios y el Modelo Oficial Vigente de Refugios, ambos hasta la fecha vigentes y ambos impulsados por la RNR.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en el país hay 72 refugios, de los cuales, la RNR cuenta con 41 refugios y 39 centros de atención externa en 28 estados del país, es decir 80 espacios de atención y protección que simultáneamente atienden a más de 20 mil mujeres, niñas y niños víctimas de violencias familiar y de género.

Es importante señalar sin duda alguna, que el programa de refugios para mujeres, hijas e hijos, víctimas de violencias extremas es de una notoria importancia y trascendencia, pero también es cierto que es susceptible de mejorarse en diversos rubros, entre los que destacan:

• Que todos los recursos asignados en el PEF sean ejercidos, cada ejercicio fiscal se regresa una cantidad muy significativa, lo que lleva a la no optimización de los recursos y al incumplimiento de las disposiciones de la Cámara de Diputados/as quienes son responsables de etiquetar los recursos, es importante señalar que el presupuesto para el ejercicio 2019 para Refugios y sus Centros de Atención Externa es de 346 millones 486 mil 708 pesos;
• Que existan subsidios para cubrir los doce meses del año y no sólo ocho (mayo-diciembre) como desde las pasadas administraciones ha venido sucediendo;
• Que el plazo entre el cierre de la convocatoria, la notificación de los proyectos aprobados, la firma del convenio y la entrega del recurso sea lo más corto posible, a efecto de que los
  subsidios puedan ser ejercidos en beneficio de la población desde los primeros meses del año. Asimismo, es menester recalcar que en pasados ejercicios fiscales las formas de ejecución del programa han dejado en estado de indefensión a los refugios para mujeres víctimas de violencias, ya que el subsidio ha sido entregado muy tardíamente.

Así bien, en cuanto a su estrategia de dar directamente los recursos a las víctimas, es importante y urgente analizar conjuntamente la improcedencia en el tema de dar recursos directamente a las mujeres víctimas, las mujeres víctimas de violencias son diversas, entre ellas mujeres adultas e infantes, a quienes en las OSC las consideramos como ciudadanas sujetas de derechos; dar apoyos económicos de forma directa a las mujeres víctimas de violencias, no contribuye a la atención y erradicación de las violencias contra las Mujeres, el estado ha demostrado por muchos años la imposibilidad para proveer protección y servicios especializados e integrales no revictimizantes, es importante dimensionar el impacto que tendría esta medida en las víctimas de violencias extrema, repercutiendo así en una alta incidencia de feminicidios a corto plazo.

Por lo anterior, y retomando su propuesta de crear nuevos programas, consideramos pertinente y urgente crear un programa integral que permita hacer visible y real, es decir, no solo en leyes, si no en los hechos, los derechos humanos de las mujeres a vivir libres de violencias y con ello lograr el acceso a la justicia para todas en un marco de derechos humanos.

Frente a estos hechos le proponemos:

• Impulsar una política de estado para Refugios y Centros de Atención Externa, que contemple un programa presupuestario etiquetado que cubra los 12 meses y tenga liberación oportuna, con reglas de operación y transparencia, dejando de ser convocatorias que tengan el riesgo de eliminarse o suspenderse cómo sucedió en días pasados, aunado a que la vida de las mujeres no puede depender de convocatorias ante la ola de violencias que existen en nuestro país, 9 feminicidios diariamente.
• Instalar una mesa de trabajo interinstitucional entre la Secretaria de Salud, Secretaria de Hacienda, Gobernación, INMUJERES, Cámara de diputados, la RNR y OSC expertas en el tema para que, conjunta y corresponsablemente se puedan definir los procesos administrativos óptimos y eficientes para entregar y trasparentar los subsidios para Refugios y sus Centros de Atención Externa para Mujeres víctimas de violencias tanto gubernamentales como de organizaciones de la sociedad civil, definiendo conjuntamente los gastos superfluos con la colaboración de quienes hemos estado directamente en el trabajo directo y en campo con las víctimas.
• Diferenciar los programas que beneficiarían los apoyos directos a las personas, y los que pondrían en riesgo la vida de miles de mujeres e infantes e incumplirían los artículos 7 y 8 de la Belém Do Para, la Sentencia del campo algodonero en sus recomendaciones al Edo Mexicano.

Desde la RNR estamos convencidas de la importancia de articular acciones entre gobierno y sociedad civil en pro de los derechos humanos y los compromisos que el estado mexicano ha asumido en la materia, tal como lo reflejan diversos tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, además de los resultados que las OSC hemos dado, prueba de ello son los miles de mujeres que han sido atendidas en nuestros espacios de protección, invitamos a no generalizar y a escuchar a todas las voces de las mujeres que han recibido directamente los subsidios.

Con base a lo anterior, le solicitamos respetuosamente, un espacio en su agenda para poder presentarle personalmente cada una de las propuestas y temas plasmados, las cuales han sido presentadas en diversas ocasiones en el gobierno pasado y ante las diferentes autoridades de la Secretaria de Salud de diversos sexenios, por lo que esperamos que en esta ocasión se puedan retomar estas propuestas que se

transformarán en una política pública afirmativa siendo un paso fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad libre e igualitaria a la que todas y todos aspiramos.

Esperando su valiosa respuesta, me despido enfatizando mi disposición de trabajar coyunturalmente y solicitando que en este gobierno en realidad haya un cambio ¡No debe existir retrocesos en la política de igualdad de México, la vida de las mujeres no puede seguirse poniendo en riesgo, hagamos que este cambio marque a México como un país ejemplo a través de políticas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género!

Red Nacional de Refugios A.C. (RNR)

Los Refugios actualmente son el mecanismo mejor articulado para la prevención de feminicidios, estos espacios salvaguardan la integridad de mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencias al grado de estar en riesgo de perder la vida, durante espacio aproximado de tres meses se ofrece atención integral gratuita, el 70% de estos espacios son operados por organizaciones de la sociedad civil, quienes han cumplido con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la ley.

La población atendida, que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, no cuenta con redes de apoyo sólidas y un espacio seguro en el que ejerzan su derecho a vivir libres de violencias.

Acatando la decisión presidencial de “no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano” el día 21 de febrero el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió un comunicado sobre la suspensión de la Convocatoria para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de Refugios para Mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema y en su caso a sus Centros de Atención Externa 2019 derivado de la circular uno firmada por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador .

Con esta decisión se pone en riesgo la vida, la integridad y seguridad de más de 20 mil mujeres, niñas y niños que reciben atención en los espacios especializados de protección. En México más del 50% del país se encuentra en Alerta por Violencia de Género, se registran 9 feminicidios al día y más del 66% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencias.

Al suspender esta Convocatoria el Estado Mexicano incumple sus obligaciones establecidas en el artículo primero constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños.

También atenta contra el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, ya que este acto elimina la protección que tenían las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencias.

El Estado Mexicano ha firmado y ratificado la CEDAW y la Convención Belem Do Pará que establecen el marco normativo aplicable para los casos de violencias contra las mujeres.

La CEDAW, prevé que los Estados tomarán medidas apropiadas para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho de las mujeres a no ser discriminadas, también en su recomendación general número 19 de esta Convención establece que se tienen que tomar medidas necesarias para resolver el problema de las violencias, entre ellas “proporcionar servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencias en la familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación”.

La Convención de Belem Do Pará insta a los Estados parte que deberán “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual mandata “brindar protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades y favorecer la instalación y mantenimiento de refugios que brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en

situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar”.

Dar apoyos económicos en forma directa a las mujeres víctimas de violencias o pensar solo dar atención a través de los refugios gubernamentales o empezar una apertura apresurada de refugios públicos, no contribuye a la atención y no constituye una solución para la erradicación de las violencias contra las Mujeres. Por el contrario, esta falta de corresponsabilidad del Estado para proveer protección y servicios especializados e integrales para las víctimas de violencias extremas, sin duda, se traduciría en una alta incidencia de feminicidios a corto plazo, por lo que es imprescindible que se reconozca el papel fundamental de los Refugios de organizaciones civiles que existe en nuestro país desde hace más de 20 años.

Abrir en este momento un proceso “administrativo de revisión para asignar los subsidios a los refugios” es improcedente, tener suspendida la convocatoria, incumple el art.8 cap. 3 fracción D de la Belém Do Para, asimismo, es claro que los recursos asignados en el PEF2019 son específicamente para refugios tanto de instancias públicas como de sociedad civil, por lo que NO pueden ser destinados mediante otra estrategia o para otro fin.

Instamos urgentemente al gobierno federal y a la Secretaria de Salud a subsanar está acción inadmisible y lamentable que vulnera los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias, que va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia:

– Cumplir el artículo 8, Capitulo 3 Fracción D de Belem Do Pará, así como las recomendaciones 19 de la CEDAW Fracción H y la recomendación 33 Fracción B, instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado. que enfatizan la importancia y trascendencia de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los mecanismos de protección como lo son los Refugios.

– Aplicación del 100% del PEF2019 etiquetado siendo muy claro su etiquetamiento: “subsidios para refugios”

-No eliminación de los espacios de protección confiables para las mujeres víctimas de violencias y en su caso, sus hijas e hijos

-Exigimos quitar inmediatamente la suspensión de la convocatoria, y que esto no obstaculice la liberación del presupuesto a los refugios, aspecto que seguiría vulnerando los derechos humanos de las mujeres.

¡No queremos retrocesos en la política de igualdad de México, la vida de las mujeres no puede seguirse poniendo en riesgo!

Red Nacional de Refugios A.C.

Red Interamericana de Refugios (RIRE)