• La implementación de la “Estrategia Nacional de Protección Integral para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes” planteada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), debe contar con presupuesto específico, distinto al ya asignado a los Refugios y sus Centros de Atención Externa, para no poner en riesgo la operatividad de un mecanismo probado por más de 20 años.
  • El recurso etiquetado en el PPEF 2020 bajo el título “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia” debe mantenerse e incluso incrementarse, además de permanecer en el Ramo 12, a cargo de la Secretaría de Salud.
  • El Gobierno Federal debe transitar hacia acciones realmente innovadoras y que pongan en el centro de la actuación los derechos de las mujeres: Casas de Transición, Sistema de Cuidados, licencia de ausencia laboral por violencias de género, empleos formales para mujeres que egresan de refugio, etc.

Este 14 de octubre, se llevó a cabo un conversatorio dirigido a organizaciones que operan refugios para mujeres convocado por la Secretaría de Gobernación, al que acudieron representantes de Indesol, Inmujeres, Secretaría de Salud, CONAVIM y de diversos refugios para mujeres a nivel nacional.

El foro se realizó como seguimiento a los acuerdos tomados en mayo del presente año en el Encuentro Nacional del grupo impulsor multiagencial de la Estrategia Nacional de Protección Integral para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes que viven violencia basada en el género y los Centros de Refugios para Mujeres; y fue presidido por Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación.

La Red Nacional de Refugios y el 41% de sus integrantes, que durante más de 20 años hemos implementado un modelo integral de atención y protección a mujeres víctimas de violencias, acudimos con la intención de dialogar y en busca de respuestas en torno a la estrategia nacional planteada por esta institución desde marzo de 2019.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, propuso a las organizaciones presentes Lamentablemente, lo expuesto no generó confianza, pues no se ofreció información integral y suficiente, de modo que nos encontramos con más incertidumbres que respuestas.

Durante el evento, Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR planteó las siguientes interrogantes: ¿cuáles son las diferencias específicas entre la estrategia que proponen y lo ya realizado por los refugios para mujeres y sus centros de atención externa?, ¿cuál es la diferencia entre la estrategia y los Centros de Justicia para las Mujeres?, ¿en qué programa sectorial está enmarcada la estrategia? y ¿en qué programa presupuestario está contemplada la propuesta?

Preocupantemente, ni la Secretaría de Gobernación ni las instancias integrantes del grupo impulsor multiagencial ofrecieran respuestas claras a estos cuestionamientos. Las únicas respuestas obtenidas fueron parciales.

Con respecto a la diferencia entre la estrategia presentada y los Centros de Justicia para las Mujeres, que ya operan, la dependencia se reservó a señalar que la estrategia federal no obligará a las mujeres a denunciar sus casos ante autoridades judiciales, lo cual celebramos, dado que ello permite a las mujeres tomar sus propias decisiones.

La SEGOB presentó su estrategia nacional como “innovadora”, al señalar que está “centrada en la seguridad, la salud y la protección integral de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; cuenta con servicios complementarios de protocolos conjuntos, con un enfoque integrador y de corresponsabilidad y con servicios accesibles 24/7”. Sin embargo, este modelo ya existe y es el que ha sido implementado de forma efectiva, transparente y comprometida por los Refugios y sus Centros Externos que actualmente operan.

De voz de la directora del área de protección integral para las mujeres de SEGOB, ante la pregunta sobre la diferencia entre lo que ya se hace en los Refugios y sus Centros Externos y lo que están planteando, comentó que no existe ninguna diferencia, que es lo mismo, que solo se trata de coordinación, corresponsabilidad, homologar y reforzar los esfuerzos existentes.

Al respecto, señalamos que no se trata de falta de coordinación, los Refugios y sus Centros de Atención Externa que existen como una política pública desde hace más de 20 años en México, trabajan por años articuladamente, porque no puede ser de otra manera, en estrecho acercamiento con instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, se ha trabajado con diversas instancias de gobierno para homologar criterios e incluso impulsar una NOM para refugios.

Por lo tanto, NO es la coordinación o la homologación el problema, sino la falta de profesionalización, sensibilización, fortalecimiento de las instituciones públicas, así como el incumplimiento que éstas tienen de los instrumentos nacionales e internacionales, que obstaculizan la impartición de justicia y restitución de derechos de las mujeres víctimas y sus familiares por carecer de un enfoque multisectorial, intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género.

Aunque la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció la impunidad en el sistema de procuración de justicia y que se requiere fortalecer a los Refugios y promover el empoderamiento de las mujeres, darles opciones para que obtengan ingresos propios, hemos detectado en los documentos oficiales de la estrategia que no contempla instituciones clave dentro de su grupo multiagencial, como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que garantizan el derecho al trabajo y vivienda a las mujeres.

Es ahí, en estos vacíos, donde la estrategia debe de ser implementada.Si se quiere fortalecer lo que ya existe no se logrará cambiándole el nombre a las acciones afirmativas que ya operan y dan resultados, sino implementando lo que funciona en los municipios en donde NO existen Refugios, Centros Externos de refugios o Centros de Justicia, así como incorporando en la política de protección las Casas de Transición y los empleos formales, una licencia de ausencia laboral con goce de sueldo por violencias de género, un sistema nacional de cuidados para las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencias, por ejemplo.

Este tipo de acciones sí serían innovadoras y verdaderamente apegadas a las necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias de género.

Instamos al Gobierno de México y a la Secretaría de Gobernación a realizar un análisis profundo de los costos no sólo monetarios sino en la protección y ejercicio pleno de los DDHH de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias al implementar una estrategia con tantas aristas así como fortalecer y apegarse al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que es un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ya contemplado en las leyes mexicanas.

Asimismo, de insistir en la implementación de la estrategia presentada por SEGOB, solicitamos que el Gobierno Federal asigne a esta estrategia un presupuesto distinto al ya contemplado en el Ramo 12, Acción 448 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 titulado “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”, mediante el que se asignaron 361 millones 574 mil 893 pesos para los refugios y sus centros externos contemplados en la LGAMVLV; y que esta asignación presupuestal continúe a cargo de la Secretaría de Salud por lo menos en el 2020.

Pensar como una posibilidad en mover el presupuesto a otra secretaria, como se comentó en el conversatorio, es poner en riesgo el camino recorrido, más aún porque después de varios años existen responsables en la SSA y en el Centro Nacional de Equidad de Género, comprometidos con el tema y con la disposición de facilitar procesos en pro de los derechos de todas las mujeres víctimas de violencias, y en su caso, sus hijas e hijos.

Desde la RNR participaremos en las mesas de trabajo propuestas con el fin de continuar informadas al respecto de esta propuesta y tratando de tener respuestas a todos los claroscuros identificados e insistir en que se den opciones reales e intersectoriales que promuevan el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.

Hasta ahora, nuestros refugios han probado su operatividad, efectividad y transparencia, por lo que no es posible compartir un presupuesto que se ha logrado desde el 2003 y que ha dado resultados tangibles a nivel nacional, teniendo como prueba de ello la prevención de casos de feminicidios y el testimonio de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes que vieron restituidos sus derechos.

Los Refugios están contemplados en instrumentos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos: Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, NOM 046, la Convención Belém Do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), por ello insistimos en ser reconocidos como un mecanismo en sí mismo dejar de hablar de Centros de Refugios como un componente de una “nueva estrategia” que aún es intangible, que no tiene respuestas y que no aborda en realidad las problemáticas y necesidades de las mujeres.

Instamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo a garantizar que los recursos asignados a los refugios que actualmente operan queden intactos, como mandatan recomendaciones en materia de protección de derechos humanos nacionales e internacionales. Es inadmisible poner en riesgo modelos y mecanismos de protección integral que han dado resultados nacionales por más de 20 años ante estrategias que no son claras.

¡El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias demanda políticas de estado reales y en apego a los instrumentos nacionales e internacionales!

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