Carta abierta a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación Asunto: Presupuesto para la atención de mujeres que viven violencia durante la “Jornada de Sana Distancia”

Distinguido Sr. Presidente de la República,

Distinguida Sra. Secretaria de Gobernación,

Quienes suscribimos la presente, nos dirigimos a ustedes, en su calidad de representantes de la población mexicana, para externar las incertidumbres que nos provocan las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020. Consideramos que las medidas de austeridad mencionadas podrían tener implicaciones en los programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres, particularmente aquellos destinados a la atención y prevención de las violencias.

Tal como la Secretaria de Gobernación ha reconocido, las violencias contra las mujeres han aumentado durante la “Jornada de Sana Distancia”. La información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma que durante el mes de marzo el número telefónico 911 registró 115,614 llamadas de emergencia de mujeres a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 22.31% con respecto a febrero. Es decir, en el mes de marzo el 911 recibió en promedio 155 llamadas cada hora diariamente.

Cabe recordar que, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros tres meses de 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas, 240 de estos asesinatos están siendo investigados como feminicidios.

Recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció un incremento alarmante de las violencias en contra de las mujeres a

nivel global, al estar confinadas con parejas abusivas y agresoras. Por eso, enfatizó la importancia de que los Estados cuenten con servicios de atención y recursos adecuados y suficientes para ellas.

Cabe señalar que, desde el 2019, se ha reducido el presupuesto para programas sociales con enfoque de género, entre los cuales se encuentran el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el programa Salud materna, sexual y reproductiva, el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros.

A la fecha, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, A.C., los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad y no se cuenta con recursos extraordinarios para que los Refugios hagan frente a la contingencia sanitaria, como lo son las Casas de Emergencia, que permitirían mitigar la propagación del coronavirus dentro de los Refugios, así como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su proceso no cuentan con opciones de vivienda, y ahora menos ante el impacto económico que el COVID-19 representa para las mujeres.

Asimismo, preocupa que, el 3 de abril, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó que se suspende la entrega del recurso presupuestado en el PEF2020 para las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMIS), con el argumento de que “no hay condiciones para los proyectos y para proteger a las beneficiarias”, lo cual es alarmante ya que las violencias contra las mujeres también afectan en las regiones indígenas.

Ante este panorama de considerable aumento de las violencias contra las mujeres durante las medidas de aislamiento social, es vital que las instituciones que les atienden se vean reforzadas para poder hacer frente al incremento de casos a los que se enfrentan. Siendo de suma importancia que estas tengan certeza en relación al presupuesto que tienen disponible para continuar operando, misma que no se ve reflejada en la redacción presentada en el decreto emitido el 23 de abril del 2020.

Del mismo modo, es de suma importancia que las medidas señaladas como programas prioritarios, en la fracción V del decreto en cuestión, sean gestionadas con la perspectiva de género debida. Por lo mismo, dichos programas deben incluir en su ejecución una visión de las afectaciones diferenciadas a las que hacen frente las mujeres durante la contingencia sanitaria. El enfoque de género no debe ser excluido de estos esfuerzos, presentar soluciones genéricas a situaciones de violencias y desigualdad exacerbadas por la situación actual sería inaceptable.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos:

1. Detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril 2020. Particularmente, nos interesa saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informarnos cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia.

2. Claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.