La urgencia de prevenir y atender la violencia contra las mujeres en México es incuestionable: las mujeres necesitan protección real, atención integral y espacios seguros para vivir sin miedo y reconstruir sus vidas con dignidad.

En este contexto, desde la Red Nacional de Refugios (RNR) celebramos la apertura de nuevos espacios de atención para mujeres, como los Centros LIBRE, especialmente ante el contexto creciente de violencias. Sin embargo, consideramos fundamental que las prioridades del Estado respondan a una mirada de derechos humanos y no a intereses partidistas.

El Gobierno de México ha priorizado la creación de los Centros LIBRE (Lucha, Igualdad, Bienestar, Respeto y Empoderamiento), con un presupuesto de 754.6 millones de pesos. De acuerdo con el boletín oficial de la presidencia en tan solo lo que va del mes de junio del año en curso, se han instalado 232 centros en al menos 15 estados y se ha acelerado su implementación en todo el país.

Por el contrario, los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia y en su caso sus hijas e hijos, con más de dos décadas de experiencia, atención comprobada y reconocimiento internacional, recibieron un presupuesto menor: 484.7 millones de pesos. Además de esta diferencia presupuestal, los refugios enfrentan retrasos en la dispersión de recursos,  sin recibir aún presupuesto incluso aún faltan por firmar convenios los refugios gubernamentales. Lo cual limita su operación y deja en la incertidumbre a miles de mujeres, niñas y niños que han salido de contextos de violencia extrema.

Esta diferencia no es solo técnica o presupuestal, es profundamente política. Mientras a los nuevos programas se les garantiza operación inmediata, los refugios —que han salvado vidas, prevenido feminicidios y acompañado procesos de autonomía— son precarizados.

Los refugios son una política afirmativa respaldada por la CEDAW, Belém do Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Excluirlos de la prioridad del Gobierno de México, es negar el derecho a una vida libre de violencia y desmantelar las herramientas más efectivas frente a la violencia feminicida.

Exigimos al Estado mexicano garantizar su funcionamiento con la entrega inmediata del presupuesto de egresos de la federación 2025 a los Refugios que son un derecho humano y cuya sostenibilidad no puede quedar supeditada a decisiones administrativas.

Para que todas lleguemos deben estar en el centro de las acciones la igualdad y los derechos humanos

Atentamente

Red Nacional de Refugios

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