México, a 15 de noviembre de 2024.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mencionado su intención de construir el segundo piso de la transformación y garantizar el bienestar de todas las personas, especialmente quienes están en mayor situación de vulnerabilidad y discriminación. Esto requiere una política fiscal que coloque a las personas, el acceso a sus derechos y su bienestar al centro de las decisiones, a la vez que se convierta en un mecanismo para cerrar las múltiples brechas de desigualdad existentes a través de una verdadera política de redistribución de recursos.

Desde la Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) sostenemos que, para llevar a cabo la transformación deseada, necesitamos una política fiscal feminista. Esto implica que: 1) se reconozcan las desigualdades estructurales a las que las mujeres y niñas hemos enfrentado históricamente, 2) se tome en consideración durante todas las etapas del ciclo presupuestario la participación del movimiento amplio de mujeres, para que sus necesidades y demandas sean incorporadas, 3) los impuestos que se recauden provengan en su mayoría de impuestos directos al ingreso y la propiedad, 4) el dinero público sea destinado a programas e infraestructura social que contribuyan a redistribuir la carga del trabajo doméstico y de cuidados, así como ampliar el acceso a derechos para todas las personas.

En contraste con lo anterior, y pese a lo que se ha sostenido desde la presidencia sobre los derechos de las mujeres, la manera en la que se ha conformado históricamente el Proyecto de Presupuesto de Egresos es contrario al avance de la igualdad sustantiva de género, mostrando que no ha sido una prioridad para el Estado mexicano. Los programas sociales y proyectos prioritarios han concentrado un porcentaje significativo del presupuesto y, aunque son necesarios para atender las necesidades inmediatas de la población, no abordan las raíces de las desigualdades estructurales en el país, incluidas las de género.

Además, desde la RPFF sostenemos que la austeridad fiscal y el avance hacia la igualdad sustantiva de género son incompatibles. El sexenio anterior presenció el debilitamiento de las políticas para la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género, en parte debido al desfinanciamiento hacia los programas e instituciones que debían garantizar su implementación efectiva. Por ello es fundamental reconstruir aquellas políticas que cumplen con el objetivo de promover la igualdad sustantiva de género, para lo cual es imprescindible que se cuente con dinero público suficiente y que este sea presupuestado de manera adecuada.

En ese orden de ideas, el presupuesto público debería ser una herramienta fundamental de transformación social, orientada hacia la justicia social e igualdad sustantiva, a través de la reducción de las brechas de desigualdad económica, así como de las desigualdades de género. Para ello, es esencial que se incorporen los derechos humanos, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y el enfoque interseccional e intercultural en la elaboración de los marcos que rigen la política fiscal.

Es por eso que desde la RPFF buscamos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tome en consideración los siguientes puntos para la implementación de la política fiscal feminista durante su sexenio:

  • Reconocimiento explícito del rol transformador de la política fiscal a través de su dimensión redistributiva, tomando en consideración los efectos diferenciados que produce entre distintos grupos sociales.
  • Construir colectivamente una metodología de integración para el Anexo 13 que sea clara y transparente, así como indicadores que permitan hacer un seguimiento y evaluación de los programas etiquetados bajo este instrumento.
  • Asignación de recursos públicos suficientes, más allá del Anexo 13, para una verdadera transversalidad de la perspectiva de género en toda la política fiscal.
  • Financiamiento suficiente y progresivo para la implementación y funcionamiento de políticas integrales de cuidados que reconozcan, redistribuyan y remuneren las labores de cuidados, sin condicionamiento por el estatus laboral.
  • Creación de mecanismos que recojan datos desagregados, desde una perspectiva interseccional e intercultural, para una mejor comprensión de las desigualdades y diversas violencias, entre ellas las de género; esto incluye una mejora de los datos sobre las políticas fiscales, incluyendo las tributarias y presupuestarias.
  • Fomento de un diálogo activo y colaborativo entre el gobierno, el poder legislativo, las instituciones encargadas de operar la política de igualdad de género, sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres.

La política fiscal no puede seguir siendo un instrumento que perpetúe las desigualdades y violencias. México es un país que recauda poco y gasta mal, lo que profundiza las múltiples desigualdades que afectan la vida de millones de personas, especialmente aquellas que históricamente han sido vulneradas, como las mujeres y niñas en todas sus diversidades. Por lo tanto, es necesario que la política fiscal del Estado mexicano se convierta en una verdadera herramienta de transformación social, al incorporar la perspectiva de género, el enfoque interseccional e intercultural y una ética feminista, que sea capaz de reducir las brechas de desigualdad y garantizar que todas las personas reciban los recursos y oportunidades que les corresponden para su bienestar integral. Como red estamos abiertas a generar canales de comunicación y colaboración con el objetivo de conformar una política fiscal feminista.

ORGANIZACIONES FIRMANTES Aliadas por la Igualdad y la No Violencia
Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. Colectiva Ciudad y Género
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en México
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Intersecta Organización para la Igualdad, A.C. MIRA-Pensadoras Urbanas
Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C.
Política Colectiva, A.C.
RAÍCES Análisis de Género para el Desarrollo
Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana Red Nacional de Refugios, A.C. FIRMANTES

INDIVIDUALES

Aura E. Martínez Oriol Mónica

E. Orozco Corona

La Red por una Política Fiscal Feminista es un grupo de más de 15 organizaciones nacionales y personas a título individual, que parte del reconocimiento de que la política fiscal impacta significativamente en la vida económica de las personas, pero especialmente de aquellas en mayor situación de vulnerabilidad y discriminación, por lo que es fundamental incorporar una perspectiva feminista en esta área. Buscamos resaltar la necesidad de identificar los problemas sistémicos y estructurales de las políticas tributarias y de gasto público que obstaculizan el avance hacia la igualdad sustantiva y el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Contacto para prensa:

– Red Nacional de Refugios: Dulce R. Martínez | 55 5506 7774