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Los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México en el Marco Jurídico Internacional

El mes de septiembre se caracteriza por conmemorar tres días esenciales que evidencian la lucha por los derechos de las mujeres, en especial los derechos sexuales y reproductivos. El 4 se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, el 28 el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y el mismo 28 el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, es por ello que en este espacio de reflexión presentamos el texto retomado de la Revista Digital de la Federación Mexicana de Universitarias A.C. en su edición especial 2013 “Los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México en el Marco Jurídico Internacional” seleccionando una parte del mismo, una sección ilustrativa que denota la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

Las imágenes son ilustraciones propuestas por la Red Nacional de Refugios y el texto presentado es autoría de Marisol Salazar García, el cual fue revisado en www.femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexic oEnElMarcoJuridicoInternacional.pdf . Se invita al público lector a tener una visión crítica y emitir sus propias opiniones alrededor del tema.

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos han recorrido un largo camino en ser reconocidos internacionalmente. Su avance ha sido de gran magnitud que los Derechos tanto Sexuales como Reproductivos son ahora tomados como referencia en temas de planificación familiar, en derechos fundamentales de los individuos y en el desarrollo del área de salud y economía en cada país del mundo.

 

Desafortunadamente, en México aún falta la implementación de políticas públicas que alberguen y protejan estos derechos, los temas del aborto seguro y la igualdad de la sexualidad y la reproducción aún son tópicos que necesitan ser analizados y actualizados en el tema de la reformas a la Constitución. Todo ello, implica no sólo debates, sino también acciones que respalden los Derechos que como ciudadanos, hombres o mujeres necesitan para mejorar su calidad de vida y de toma de decisiones.

La normativa internacional existente en el terreno de los derechos tanto sexuales como reproductivos es el tema a abordar.

 

Todo ello, partiendo de la premisa de que derechos sexuales y reproductivos se encuentran enmarcados dentro de los principios internacionales de los derechos humanos. Por lo tanto, entran en el mandato de cada uno de sus principales tratados.

 

Retos y desafíos futuros del Gobierno de México para cumplir los compromisos internacionales adquiridos para proteger los derechos humanos de las mujeres en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

 

El sustento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos descansa en las garantías individuales, en el derecho internacional de los derechos humanos e incluso en el derecho internacional humanitario. No obstante, jurídicamente no se han separado unos de otros, ni se han conceptualizado bajo esa denominación, aunque existen algunas disposiciones específicas para los derechos reproductivos, y en menor medida para los sexuales.

 

México ha suscrito al menos cinco tratados internacionales que lo obligan moral y jurídicamente a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, entre ellos el acceso al aborto seguro.

 

Aunque leyes y políticas públicas del país reflejan algunos de esos compromisos, aún falta mucho para que todas las personas accedan realmente al más alto nivel posible de salud sexual y reproductiva. Así, además de que abordan aspectos sobre igualdad y no discriminación, dichos acuerdos se refieren a los rubros de sexualidad, reproducción y protección de la maternidad. Entre los pactos más destacados se encuentra el Programa de Acción de El Cairo, en donde los países se comprometen a asegurar que toda persona pueda decidir tener hijos o no, acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad, y obtener un aborto seguro en los casos admitidos por la ley.

 

Otros tratados firmados y ratificados por México son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994), y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

 

Convenios de ese tipo están sólo por debajo de la Constitución, pero por encima de todas las leyes federales y locales. En ese sentido, destaca la recomendación general 24 de la CEDAW, la cual, entre otros temas, establece que se debería modificar la legislación que castiga el aborto, con el propósito de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que decidan interrumpir su embarazo. También plantea como exigencia que todos los servicios de salud sean compatibles con las garantías básicas de las mujeres.

 

Para México, la CEDAW recomendó al gobierno en 2003, evaluar y revisar la legislación que penaliza el aborto; a los estados de la República, a examinar sus leyes para que, cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil al aborto. Además, indicó la ventaja de emprender acciones encaminadas a disminuir la mortalidad provocada por el aborto ilegal.

 

En agosto de 2006, la CEDAW emitió nuevas recomendaciones a México, en las cuales señaló su preocupación porque el aborto es una de las principales causas de muerte materna y que, a pesar de su legalización en casos específicos, las mujeres no tienen acceso a servicios de salud seguros ni a métodos anticonceptivos. El organismo internacional también solicitó al Estado mexicano que armonice sus leyes en la materia en los niveles federal, estatal y local, lo cual

todavía está pendiente.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos es un tema que aparece constantemente cuando se habla de su situación en el país. Una reforma de este tipo ha sido recomendada por relatores, organismos internacionales y la sociedad civil desde hace mucho tiempo. Fue señalada como necesaria en el diagnóstico elaborado en el año 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), y en el Programa Nacional en Materia de Derechos Humanos del año 2004, que pretendía orientar la política del gobierno en la materia. Tanto el diagnóstico como el programa y sus posteriores evaluaciones fueron coincidentes en señalar que la Constitución requería de urgentes reformas, ya que el texto actual no es suficiente para proteger los derechos humanos de las personas.

Desde hace años se han sugerido e impulsado importantes iniciativas, la reforma en el tema de derechos humanos es necesaria porque nuestra Constitución, a pesar de que al momento de su publicación fue una de las más avanzadas en materia de garantías sociales, es ahora obsoleta en el tema de la integralidad de los derechos humanos y sus mecanismos de exigibilidad, y porque a pesar de que han existido iniciativas en el pasado, éstas nohan prosperado y se han quedado "en la congeladora”, como se dice comúnmente. Las razones de ello son diversas y resulta vergonzoso que nuestra Constitución, tantas veces manoseada con reformas para intereses particulares, no haya tenido reformas mínimas en temas de protección de los derechos fundamentales de los individuos y las colectividades.

 

Por otro, lado hay que insistir en el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, y del principio pro homine. Con el cual, se debe preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de la norma que otorgue mejor protección a los derechos de las personas. Teniendo siempre en cuenta, propuestas en torno a derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a la educación con perspectiva de género y la laicidad del Estado, temas necesarios para que nuestra Carta Magna sea efectiva en protección de las personas.

 

Hoy es necesaria una revisión que permita incorporar nuevos aportes para una mejor definición de estos derechos, un mayor entendimiento de sus implicaciones en las relaciones cotidianas entre mujeres y hombres y la necesidad de incorporarlos en el diseño e implementación de políticas públicas. Proceso que necesariamente dependerá de la creación de espacios para el debate, consolidación y ejercicio democrático y plural de estos derechos y por sobre todo, que los actores sociales reconozcan y respeten el carácter laico del Estado reafirmado en la Constitución política del país.

 

Cabe señalar que actualmente México no puede cumplir cabalmente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, porque los códigos penales y civiles de la mayoría de las entidades federativas no han hecho los ajustes legislativos que permitan a los jueces emitir sentencias apegadas a esos convenios, el desafío es la armonización legislativa con los instrumentos internacionales.

 

Si bien en el trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, utilizamos todos los instrumentos y documentos de derechos humanos disponibles, tenemos que ser conscientes de que dichos derechos, como tales, no están expresamente nombrados y garantizados en toda su plenitud. Por lo cual, se está promoviendo la Convención Interamericana por los DD SS y los DD RR, cuyo objetivo es definirlos, garantizarlos e impedir que se retroceda en este terreno.

 

En la actualidad parece ser que existe un consenso mucho mayor sobre la naturaleza y alcance de los derechos reproductivos, debido en gran medida, a que el trabajo previo a estas conferencias para construir ambas categorías, fue desigual, se ha producido una mayor focalización en los aspectos reproductivos y aún la naturaleza específica y el contenido esencial de los derechos sexuales se encuentra en una etapa de desarrollo inicial, a pesar de ser estos los derechos que acentúan el respeto mutuo de las relaciones personales y aseguran que las personas puedan disfrutar su sexualidad con plenitud.

 

Además, el gran éxito de estas conferencias internacionales, trajo consigo la necesidad en un mismo momento de definir estos derechos y acordar los esfuerzos a realizar para la implementación de los mismos, esto ha traído limitaciones en los marcos conceptuales que se han manejado para su comprensión, y también en el desarrollo de políticas para su implementación.

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte constitutiva de los derechos humanos, marca un avance en la conceptualización de los derechos individuales y sociales. El derecho a la salud sexual y reproductiva, alude al derecho a acceder a servicios de salud de calidad, a la información amplia y oportuna sobre una gama completa de servicios, incluida la planificación familiar; la decisión libre sobre la procreación, sin coacción de ningún tipo, etc. En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos, no son sólo derechos individuales, sino que su ejercicio requiere del reconocimiento de derechos sociales.

 

Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, son derechos de hombres y mujeres, éstos son especialmente importantes para las mujeres, al menos por dos razones: porque la toma de decisiones sobre el cuerpo, la sexualidad y reproducción implica poder y autonomía y porque la toma de decisiones sobre la sexualidad y reproducción, construye ciudadanía.

 

El derecho a tomar decisiones en igualdad de condiciones sobre la sexualidad y reproducción, si bien es un derecho reconocido a hombres y mujeres, presenta complicaciones a la hora de su aplicación. Las relaciones de poder entre los géneros, son un obstáculo para que las mujeres puedan ejercer este derecho. Muchas mujeres deben subordinar estas decisiones a la voluntad de su esposo/ compañero. La distancia entre los derechos formalmente reconocidos y la práctica todavía es enorme. Al parecer la apropiación de los derechos individuales es todavía un proceso incompleto, la gente no demanda sus derechos, no se "apropia" de ellos. Los derechos sociales encuentran obstáculos en las condiciones estructurales de pobreza y escasez de recursos. Las tareas por tanto, también son enormes, sin duda el reto estriba en que los derechos sexuales y los

derechos reproductivos que son parte esencial de los Derechos Humanos, se constituyan en ejes de construcción de la ciudadanía.

 

El término “derechos reproductivos” aparece en el siglo pasado para designar al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la reproducción humana. Si bien estos derechos no están explicitados como tales en ningún instrumento legal internacional de derechos humanos, están dispersos en todos. Es por ello, que se puede afirmar que los derechos reproductivos sí están reconocidos internacionalmente y sí son jurídicamente vinculantes.

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