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LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD, UN ENFOQUE DESDE

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Ser mujer en una sociedad como la mexicana, implica diferentes situaciones a las cuales cada una se debe enfrentar. Lo que es claro, es que cada mujer es diferente y única, por lo que sería imposible decir que hay un solo tipo de mujer. Sin embargo es necesario mencionar que las mujeres, aun distintas entre sí mismas, en su generalidad encuentran diferentes acciones y omisiones que deben ser entendidas como violencia y/o discriminación. En esta ocasión, la Red Nacional de Refugios destina su espacio de análisis para reflexionar acerca de las mujeres con discapacidad, desentrañando la situación en la que se encuentran y cuáles son sus circunstancias.

El alto porcentaje de mujeres que en el mundo y en nuestro país viven violencia contra ellas pone de manifiesto la gravedad de un problema que requiere una solución tanto política como institucional urgente, ya que es una cuestión que afecta a la integridad física y psicológica de un gran porcentaje de la población femenina. No obstante de ello y pese a la importancia del tema, aun hay que visualizar algo: que el grupo de población de mujeres con discapacidad generalmente no aparece reflejado, o es escaso en las diversas estadísticas generales. Con ello se evidencia que las mujeres con discapacidad son en ocasiones consideradas las “ciudadanas invisibles”.

Si las mujeres se encuentran en una situación socio-familiar y laboral desfavorable frente a los hombres, en el colectivo de mujeres que viven con algún tipo de discapacidad, la violencia se acentúa, ya que a la discriminación de género, se añaden las situaciones discriminatorias y marginales que lleva asociada la discapacidad. Es generalmente aceptado que las personas con discapacidad tienen menos oportunidades y una calidad de vida inferior que las personas sin discapacidad.

En las mujeres que presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, el aislamiento y las restricciones sociales que viven por la discapacidad se entremezclan con la opresión que como mujeres padecen. Por ello la puntualización en decir que viven doble discriminación, la que padecen por ser mujeres y la que viven a causa de la discapacidad. Son varias las posibles explicaciones para esto, algunas de ellas están relacionadas con el significado que se da al cuerpo en nuestra sociedad. Dadas sus características, los cuerpos de las personas con discapacidad no responden a las nociones de salud y normalidad imperantes en nuestra cultura, sino que implican una noción alternativa de la identidad y del valor del cuerpo, y quizás sea éste uno de los factores que dé lugar a que a muchas personas les disguste y atemorice la discapacidad, y como resultado la rechacen.

 

Esta idea lleva implícita, a su vez, que el sobrepeso, la enfermedad, la discapacidad, etc. pueden ser prevenidas o eliminadas. Al mismo tiempo, justifica los programas de prevención y la rehabilitación médica como el eje de los programas sociales para la discapacidad. A su vez, el hecho de poseer alguna discapacidad genera cierta sensación de culpabilidad en aquellas personas que no han sido capaces de prevenir la discapacidad (en aquellos casos que se puede), y hace que se las estigmatice socialmente porque son el recordatorio de esta falta de control; evocan a la sociedad la posibilidad de que cualquier persona, aún la más fuerte, puede enfermar.

También resulta una explicación relevante, el grado de sobrevaloración social que supone la independencia. Las personas con discapacidad nos hacen presente la relatividad de este concepto y la dependencia que tenemos de las otras personas en ciertos momentos y circunstancias de nuestras vidas. El necesitar a otras personas para realizar algunas tareas no debería ser visto como una debilidad en una sociedad como la nuestra, que está formada por personas interdependientes.

Otra creencia que también puede explicar la discriminación social del colectivo de personas con discapacidad es el mito de la habilidad. Kafer (1998) señala que, a pesar de la cantidad de personas con discapacidad existente (5.1% de la población general mexicana según INEGI al 2010 y 15% a nivel mundial según la OMS al 2013), es un colectivo que no se evidencia socialmente. Se promulgan leyes, se construyen edificios, se diseñan ciudades y se planifican servicios como si los factores como la ceguera, la sordera o las dificultades de desplazamiento no existieran. Parece como si se tratara de experiencias y situaciones invisibles que debieran ser ocultadas en el pensar social de que si no se manifiestan no existen.

 

Desde diferentes enfoques, la discapacidad puede ser considerada sin lugar a dudas una variable que contribuye a la construcción de la identidad y la personalidad. No obstante, el modo en que afecta a mujeres y hombres es diferente. Las causas están en las representaciones sociales e individuales que se elaboran como resultado de los estereotipos y roles existentes entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.

De esta manera podemos decir que la sociedad ha tendido a aislar y a segregar a las mujeres con discapacidad, este tipo de discriminación (sutil a veces) sigue representando un problema grave y alarmante. Las mujeres con discapacidad carecen generalizadamente de recursos legales eficaces para eliminar dichas conductas discriminatorias. Ellas se enfrentan continuamente a diferentes formas de violencia, como mayores tasas de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a los programas y servicios dirigidos a mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia, etc., esto se agrava por la existencia de normas y políticas que fomentan la dependencia y por la dificultad de introducir modificaciones en los hábitos preexistentes. De igual modo, las mujeres con discapacidad soportan aún con más crudeza que los hombres con discapacidad, la persistencia de prejuicios, estereotipos e ideas recibidas, generalizados en todos los ámbitos, que distorsionan la imagen social y la percepción normalizada de este grupo humano. (Ramíro, 2013). La idea que las mujeres viven de manera más aguda la discriminación y violencia que los hombres se debe a orígenes sociales hacía y en contra de las mujeres, surgidos de un mundo masculino, que si bien se gestan en cuestiones socio-culturales, se enraízan y reproducen de manera tan frecuente que se logran establecer como “verdades y realidades”, ejemplos son: a) Ser menos capaces de defenderse físicamente, b) Tener mayores problemas de expresar los malos tratos debido a problemas de comunicación, c) Dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, d) Baja autoestima y menosprecio de sí mismas como mujeres, e) Mayor dependencia a los cuidados y la asistencia, f) Miedo a denunciar la violencia, g) Menor credibilidad a la hora de denunciar y, h) Vivir en entornos que favorecen la violencia (Asociación Iniciativas y Estudios Sociales, 1998) Así mismo la OMS menciona que la OMS la discapacidad es más común entre las mujeres, las personas mayores y los niñas con bajos recursos, debido a dos factores, el de género, la edad y la capacidad económica.

Las mujeres con discapacidad forman un grupo social aislado e invisible, que se enfrenta a todo tipo de restricciones y limitaciones, que ha estado sometido a una larga historia de tratamientos desiguales y que se ven relegadas a una posición de impotencia política, debido a circunstancias que están fuera de su control y que dan como resultado, estereotipos y prejuicios que merman su capacidad de participar y contribuir a la sociedad en la que vivimos. La existencia continuada de discriminaciones y prejuicios priva a las mujeres con discapacidad de la oportunidad de competir laboralmente, educativa y socialmente en condiciones de igualdad, así como de aprovechar las oportunidades de las que goza cualquier persona.

 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas se pone de manifiesto la preocupación por este grupo. Así en su diseño de las Reglas Estándar para la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad se incluye la necesidad de garantizar (por parte de los gobiernos) el acceso de las mujeres con discapacidad y de sus familias a la información y los servicios disponibles en el ámbito de la violencia contra la mujer. Así mismo se

insiste en la «necesidad de la acción legislativa para cambiar las condiciones que dan lugar a efectos adversos en la vida de las personas con discapacidad, incluyendo el acoso y la victimización. Cualquier discriminación contra las personas con discapacidad debe ser eliminada de la legislación nacional y determinar sanciones apropiadas en caso de violación de los principios de no-discriminación. (ONU, 2010)

Ahora, si tratamos de encontrar algunas razones por las cuales socialmente establecen que las mujeres con discapacidad vivan mayor violencia, por una parte esta aquella que señala que por su condición de discapacidad, se le considera como persona enferma y necesitada de cuidados, así que de mujer cuidadora (según el estereotipo de género) pasa a ser vista socialmente como persona necesitada de cuidados, lo que de acuerdo a las estructuras del género rompe con lo establecido.

 

Otro aspecto relevante en relación con el género es el de la imagen. La mujer con discapacidad (física, sobre todo) generalmente es considerada como persona “incompleta” que no cumple con los cánones de belleza establecidos socialmente para las mujeres. Cada vez más, la belleza física es una cualidad necesaria para el desarrollo afectivo, profesional y social de la mujer. Teniendo en cuenta que el colectivo de mujeres con discapacidad no se ajusta a los estándares físicos existentes, implica la existencia de discriminación, dañando su autoestima y percepción negativamente.

Otro punto es la sexualidad. Aunque en las sociedades se considera la sexualidad como elemento importante de la personalidad adulta, a las personas con discapacidad y en especial a las mujeres, se les niega ese derecho, infantilizándoles, sobretodo a aquellos a quienes se considera dependientes. En concreto, se piensa que las mujeres con discapacidades no son sujetas sexualmente deseables y se las ve como seres asexuadas, que no tienen necesidades de este tipo. (Conde, et. alt., 2006)

 

Hechos relacionados con la sexualidad, están los de la conformación de un matrimonio o a una pareja, en este aspecto a las mujeres con discapacidad, pues se les niega esta posibilidad, asignándoles estereotipos como bien se mencionó, asexuales, sin deseo y sin posibilidad de establecer relaciones afectivas. Ello niega sus derechos a relacionarse de manera abierta, así como minimizando su capacidad para tener hijas e hijos.

Estos argumentos producen como prácticas habituales, la esterilización sin el consentimiento de la mujer y la fuerte presión de anular la maternidad, basadas en dos razones: a) que los embarazos suponen un alto riesgo y b) la falta de ayudas sociales para atender a sus hijas e hijos. (Conde, et. alt., 2006)

 

Pero detrás de todo esto, se encuentra una realidad más cruel y discriminatoria, como es el hecho de que a la hora de elegir a la pareja, socialmente se induce a los hombres a valorar previamente la apariencia física y no las cualidades personales que pueden tener las mujeres con o sin discapacidad. Consecuentemente, al no responder a los prototipos o normas estéticas de la cultura dominante y los patrones prefijados socialmente, se les tiende a hacer invisibles.

Si a estos últimos factores del ámbito privado se le suman los del ámbito público, tenemos un panorama completo de las diferentes formas de discriminación que viven las mujeres. Así, en el ámbito de la salud, frecuentemente se considera a las mujeres con discapacidad como enfermas, en muchos casos tomándolas como objeto de estudio.

 

Es común que se les obligue a largos procesos de recuperación y permanezcan tiempo en instituciones sanitarias persiguiendo, en última instancia, el ideal de la rehabilitación o la recuperación. La confusión entre enfermedad y discapacidad crea una serie de problemas para este colectivo de tal manera que consideran que en muchas ocasiones se produce una intromisión en su intimidad que hace que no se las trate como personas. Las mujeres con discapacidad tienen numerosas barreras para acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción, todo ello sin tener en cuenta las necesidades de control de tales situaciones por parte de las propias usuarias de los servicios.

En relación con la educación encontramos que en la población de mujeres existe discriminación en las personas con discapacidad en este ámbito. Los niveles educativos de las mujeres con discapacidad están por debajo de la media, encontrándose las dificultades principales en la enseñanza básica y media. (Portillo, et. alt., 2000)

 

En relación con el empleo, encontramos que un alto porcentaje de personas con discapacidad, y en especial las mujeres, han sufrido experiencias reiteradas de discriminación en la búsqueda, selección y contratación laboral.

En relación con aspectos sociales, una de las dificultades más frecuentes son las barreras en el uso del transporte público que limitan en gran manera para la participación social, así mismo el acceso a instituciones, a la circulación en las calles, en la adquisición y compra de productos y servicios, en la socialización de los medios de comunicación, en la distribución de mensajes religiosos e incluso en los servicios especializados para personas con discapacidad. Esto último, ocurre en general con la población con discapacidad, sin embargo es necesario apuntalar que son un factor más que acentúa la discriminación que afecta a las mujeres.

 

Así como los anteriores ejemplos, podríamos evidenciar una diversidad de formas de discriminación que viven las mujeres con discapacidad, sin embargo lo fundamental aquí es centrarnos no solo en las formas que atentan contra sus derechos humanos, sino en las necesidades que tienen las mujeres con discapacidad.

Las necesidades de las mujeres con discapacidad coinciden con aquellos puntos donde es necesario trabajar y que son justamente aquellos que generan más factores de exclusión para las mujeres, justificando un menor grado de desarrollo personal y social y menores posibilidades de acceso a los derechos, bienes y servicios de la comunidad. Algunas de las necesidades y demandas preferentes de las mujeres con discapacidad son:

 

 La no discriminación y la igualdad de oportunidades.

 

 Es necesaria la sensibilización y formación del personal médico-sanitario sobre la atención específica a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los servicios sanitarios.

 

 Programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres que han vivido cualquier tipo de violencia.

 

 Acceso a la información, la educación, el transporte, los servicios públicos y otros servicios.

 

 Necesidad de desarrollo de recursos accesibles: accesibilidad arquitectónica en las instituciones, disponibilidad de servicios de intérpretes, personal capacitado en las diversas discapacidades.

 

 Necesidad de mejorar los servicios para las víctimas de violencia.

 

 Programas de prevención e intervención para mujeres con discapacidad.

 

 Colaboración entre organizaciones sociales

 

 Es necesario estimular un cambio de actitudes en la familia, la comunidad y la sociedad que libere a las mujeres con discapacidad de la especial sobreprotección que sufren frente al resto de miembros de la familia.

 

 Autopercepción e imagen social libre de estereotipos.

 

Analizando las situaciones a las que se enfrentan las mujeres, las necesidades que expresan y la diversidad de expresiones violentas cotidianas de las que son víctimas, es que se realizan las siguientes propuestas, las cuales se delinean como alternativas (Ramiro, 2013) frente a lo ya expuesto anteriormente:

 

1. En todas las políticas que desarrollen los poderes públicos en favor de la igualdad de género y la no discriminación y la equiparación de oportunidades de las mujeres, deben introducirse como eje de acción horizontal medidas y actuaciones dirigidas a las mujeres con discapacidad, como grupo especialmente vulnerable en términos de derechos.

 

2. Que todos los programas de beneficio dirigidos en favor de las personas con discapacidad se mejoren sistemáticamente cuando se trate de mujeres con discapacidad, estableciéndose una atención especializada para ellas.

 

3. La incorporación de las mujeres con discapacidad a la actividad laboral y al mercado de trabajo. Ello implicando la colaboración efectiva entre el gobierno, el sector privado y las instituciones educativas.

 

4. Deben buscarse fórmulas para ofrecer prestaciones sociales a mujeres con discapacidad que, por el rol social a las que se las ha reducido, no han tenido posibilidad de acceder a un trabajo y que desarrollan una intensa actividad en el ámbito doméstico, normalmente, realizando tareas de casa y cuidando de personas mayores o dependientes.

 

5. Elaboración de un plan de alfabetización y elevación del nivel educativo de todas las mujeres con discapacidad, así como acceso a lasnuevas tecnologías de mujeres con discapacidad, especialmente en el medio rural, mujeres con discapacidades severas o que no pueden representarse a sí mismas y con déficits sensoriales.

 

6. Garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a todos los servicios públicos de salud, educación, transporte, recreación, cultura, seguridad, asistencia, cubriendo las necesidades específicas de todas las discapacidades.

 

7. Incorporar y ampliar la perspectiva de género en los estudios de la discapacidad, identificando en ellos las necesidades específicas de las mujeres.

 

8. Evidenciar y sancionar prácticas discriminatorias en medios de comunicación, difusión y/o propagación de mensajes y publicidad.

 

9. Realizar las modificaciones necesarias en las legislaciones nacionales que den obligatoriedad a las empresas públicas y privadas de construcción para definir siempre como parte de sus proyectos, la infraestructura para el acceso a las personas con discapacidad, incluyendo el acceso exterior, interior, movilidad y atención.

 

10. Desarrollo y ejecución desde la perspectiva de género y los derechos humanos, de programas de sensibilización en espacios educativos acerca de la discapacidad, del género y de la violencia, así como programas de capacitación para mujeres para su incorporación al mundo público.

 

Para todo ello es necesaria una actuación conjunta de las instituciones públicas, organismos privados y la sociedad civil organizada, estableciendo el diálogo articulado y la vinculación efectiva entre ellas y la sociedad, promoviendo que todas las personas tienen derechos humanos y deben ser respetados, independientemente de la situación o condición en que se encuentren.

 

No obstante los retos y propuestas, es menester también reconocer los avances que se tienen en México. Durante la última década se han logrado avances fundamentales en el marco jurídico-institucional para la protección de los derechos de las personas con discapacidad no sólo en México, sino en el mundo. Estos esfuerzos se potencializaron a partir de adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asamblea General de la ONU, en diciembre de 2006. En 2005, se promulgó la Norma General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de visibilizar a este grupo de la población. Mediante esta se creó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) como órgano rector de las políticas públicas dirigidas a atender las necesidades de las personas con discapacidad, las cuales dejan de lado el enfoque asistencialista que privaba, para dar lugar a uno de reconocimiento y respeto de los derechos humanos. (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2011)

También a raíz de la adopción de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el 30 de mayo de 2011, dicha ley fue modificada sustancialmente y CONADIS cambió su denominación a Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La nueva ley fortalece la protección a los derechos de las personas con discapacidad, al establecer la responsabilidad del Ejecutivo de integrar un marco de protección a este sector de la población, así como de implementar políticas públicas concretas y crear instancias especializadas. En el marco de la discriminación contra las personas con discapacidad, y en específico, las mujeres, México es Parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país el 12 de junio del 2000.

A nivel nacional, el 27 de mayo de 2011, se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que deroga la norma anterior del 2005. De manera particular, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad hace las siguientes aportaciones:

 

• Establece bases para armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007;

• Reconoce a las personas con discapacidad como sujetas plenas de derechos;

• Afirma la necesidad de propiciar el desarrollo integral e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, con respecto a la salud, trabajo, vivienda, accesibilidad, transporte, acceso a la justicia, cultura, recreación, deporte y acceso a la información;

• Incorpora como principios rectores:

 

- El respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y su independencia;

 

- La no discriminación;

 

- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

 

- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte de la diversidad y la condición humanas;

 

- La igualdad de oportunidades;

- La accesibilidad;

 

- La igualdad entre la mujer y el hombre;

 

- El respeto a la evolución de las facultades de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

 

Así mismo en su artículo 4 menciona, “Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.” (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad).

 

Si bien, estos instrumentos nacionales e internacionales reflejan las necesidades de trabajar a favor de las personas con discapacidad, y que resulta ser un avance significativo socialmente y legislativamente importante, ya que establecen las pautas para prevenir y erradicar la discriminación contra las personas con discapacidad, así como para el respeto de sus derechos humanos, es necesario mencionar que ninguna repara en específico en la situación de las mujeres con discapacidades. Ante ello, es obligatorio mencionar que existen instrumentos nacionales e internacionales como la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) la cual fue ratificada por México en 1981, año que entro en vigor. Es considerada como la Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres, en la que se define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación. En ella se rechaza cualquier forma de discriminación contra la mujer, ya sea por raza, orientación sexual, edad y discapacidad. (Inmujeres, 2014)

 

 

 

Es imperativo hacer mención que estas legislaciones representan un gran avance en materia legislativa, que hacen de carácter obligatorio que se establezcan pautas para desarrollar estrategias para lograr prevenir y erradicar la discriminación hacia las personas con discapacidad, y en especial las mujeres, sin embargo es necesario también actuar desde la individualidad y desde la colectividad, ya que si analizamos muchas de las razones (evidentemente basadas en la injusticia y la desigualdad) por las cuales se estigma y discrimina a las mujeres con discapacidad, podremos asegurar que la discapacidad es social y no porque la sociedad la produzca, sino porque la actitud incapacitante de la sociedad hace que se ignoren las inmensas capacidades que tienen las personas con alguna discapacidad, negándoles el acceso a los medios ordinarios y comunes en los que todas las personas nos desenvolvemos. Las anteriores reflexiones y los retos aun por cumplir nos deben empujar a trabajar para producir el cambio tan deseado en la sociedad, es decir, la desaparición de la desigualdad. A ello se suma la Red Nacional de Refugios, a propósito del 3 de Diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reiterando la necesidad de evidenciar las diferentes formas de violencia que viven las mujeres y en específico las que viven con alguna o varias discapacidades, rechazando cualquier forma de discriminación, maltrato, minimización, invisibilización o violación a sus derechos humanos.

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